De: HUGOALBERTO89121 (Mensaje original) Enviado: 10/08/2005 15:44
PARA LOS COMPAÑEROS NO DOCENTES:
Quiero compartir tres informaciones, en primer lugar es un boletín elaborado por los compañeros de la Agrupación Bordó de la UBA, donde manifiesta la disconformidad del Convenio aprobado entre el CIN y la FATUN, aportando datos sobre el retroceso en nuestra situación laboral futura. Además incluyen la lucha de los trabajadores que se están uniendo en un misma dirección la pelear por nuestros verdaderos derechos con una lucha permanente de dirigencia nueva, sindicatos participativos y democráticos, agredecemos la mención de mendoza, en el dicho boletín, está adjunto..
En segundo lugar, una publicación docente, aportando datos oficiales, en la devaluación a través de estos últimos años, en nuestros sueldos, documento adjunto.
Tercer info, es la segunda parte sobre un informe de trabajadores de Córdoba, y un personaje de el Sindicato de Trabajadores No Docentes de Córdoba, que ocupa el cargo de Secretario General, hace muchos años. Dicho documento es de mucho valor, para evaluar sobre el verdadero cambió que debemos encarar en nuestros sindicatos, también va adjunto a este mail.
La Corte falló en favor del 82% móvil para jubilaciones docentes
http://www.losandes.com.ar/2005/0809/portada/nota266641_1.htm
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TRABAJO REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2002 SOBRE LA GREMIAL SAN MARTIN
INVESTIGACIÓN/ Pasado, presente y futuro del gremio no docente de la UNC
BUENOS MUCHACHOS
Después de haber provocado el embargo de los salarios de afiliados por no pagarle a comercios y financieras, la Asociación Gremial San Martín continuó endeudándose hasta perder todos sus bienes. Hoy vaciado de patrimonio, desde un local alquilado, con todos sus ingresos cedidos a un acreedor, se lanzó a dudosos mecanismos de afiliación.
E
l 21 de mayo de 1999, con una base de 376.876 pesos, a raíz de una deuda hipotecaria no saldada se subastó en los tribunales la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba José de San Martín, que agrupa a los empleados no docentes.
El remate del inmueble de Avenida Colón 869 de la ciudad de Córdoba –un enclave privilegiado y estratégico- fue el símbolo más acabado del vaciamiento de una entidad gremial que, apenas unos años atrás, había logrado una presencia política importante y la conquista de sentar un representante, con voz y voto en el Consejo Superior y en los Consejos Directivos de las Facultades.
Aquel día, como una ironía, la sede que había sido testigo de las reuniones gremiales, que concentró las actividades mutuales del sindicato, que recibió en los primeros años de la democracia a cientos de trabajadores ávidos de participar, fue comprada por la sociedad financiera Dinar-Denier, una firma que, paradójicamente, se había hecho conocida entre los no docentes por sus ofertas de préstamos.
A la pérdida de la sede de Colón (que según el anuncio del remate, tenía 15 ambientes, boxes, cuatro baños, cocina, salón con techo parabólico de zinc) le siguió un año después el remate de todos los bienes muebles del sindicato.
Esta vez, fue una deuda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la que motivó la subasta judicial, que incluyó escritorios, pupitres, máquinas de escribir, armarios, aparatos de aire acondicionados, sillas y televisores.
El remate se concretó el 15 de setiembre de 2000 en el Juzgado federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba, y los bienes salieron a la venta “sin base, por dinero de contado y al mejor postor”, según el aviso que publicó la Afip para convocar interesados.
Otras obligaciones impagas esfumaron del patrimonio de la Gremial San Martín otros bienes emblemáticos, como el hotel de Tanti, en el valle de Punilla y el Club de La Calera.
Quienes conocieron de cerca los manejos administrativos del gremio, aseguran que el descalabro comenzó con la oferta de préstamos y de compras en distintos comercios para los afiliados, que este nunca pagó, aunque la Universidad remitía al sindicato rigurosamente los importes de las cuotas que les deducía a los trabajadores a través del sistema de descuento por planillas.
A ello, paralelamente, se sumó la obtención de créditos por parte del gremio y de sus dirigentes por valores nunca precisados, que tampoco fueron cancelados.
El escándalo saltó cuando, ante la falta de pago, los comercios y las financieras respondieron con una avalancha de intimaciones a los afiliados, reclamándoles la cancelación de obligaciones, y en muchos casos, embargándoles los sueldos.
Según fuentes judiciales, en los tribunales existieron no menos de 200 demandas a causa de esos préstamos y créditos comerciales impagos.
El tema llegó también a los tribunales penales, dado que algunos afiliados denunciaron al sindicato por estafa.
La bicicleta
Acorralado por las intimaciones, con el escándalo en todos los medios de comunicación, el sindicato intentó salir a flote firmando contratos de “cesión de créditos”, por los cuales cedía a las financieras el total de la recaudación gremial, para aplicar al pago de las deudas.
Estos acuerdos eran notificados al rector de la UNC e informados a la Dirección General de Administración para que obrera en consecuencia, remitiendo los importes directamente a los acreedores.
Paralelamente, y se estima que mediante el acceso a nuevos créditos, el sindicato se dedicó a cancelar privadamente con los afiliados los embargos que pesaban sobre sus salarios. Con esto, aunque agrandaba su pasivo, puso paños fríos al frente interno.
La mayoría de las cesiones de créditos se firmó entre mayo y setiembre de 1997 y comprometió los ingresos del gremio en forma absoluta (ver detalle). Incluso, dado que las obligaciones asumidas fueron siempre mucho mayores que las posibilidades concretas de recaudar, rápidamente la cuenta se desbordó otra vez.
Esta situación parecía previsible si se tiene en cuenta, que varios de esos compromisos se firmaron en forma simultánea, tornándolos impracticables.
Cuando esta “bicicleta” fue inmanejable, el sindicato firmó una nueva cesión de crédito con la Sociedad Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Impulsora.
Aparentemente “Impulsora” novó las deudas anteriores y concentró todas las obligaciones, convirtiéndose en el único (o el principal) acreedor de la Asociación Gremial San Martín.
Según la cláusula primera del contrato del 4 de setiembre de 2000, el sindicato se comprometió a ceder y transferirle a Impulsora “en forma irrevocable los derechos crediticios y acciones provenientes de las retenciones efectuadas mensualmente a los afiliados”.
El contrato transfirió “la totalidad de los códigos otorgados y a crearse en el futuro en la UNC”. En otras palabras, lo que firmó la Gremial San Martín fue el traspaso absoluto de todo monto recaudable por descuentos, e incluso le otorgó al cesionario la facultad de percibir los importes directamente de la Dirección de Administración de la UNC.
Como dato a tener en cuenta, vale apuntar que esta cesión de crédito es la única de todas las firmadas que no estableció un monto a cancelar.
Posteriormente, en otro acuerdo privado, Impulsora le cedió sus derechos de cobro a la firma Bersey SA:. Esta última cesión se firmó el 8 e mayo de 2002, ahora si con un monto determinado: 616.988,69 pesos, más la actualización que correspondiere por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Así las cosas, Bersey quedó como acreedora del gremio y pasó a percibir, no sólo los montos por el código 43/0 (de la cuota sindical de la Gremial San Martín), sino también el del código 58 (de seguro de vida) y otros relativos al pago de créditos.
La nueva bicicleta
Cuando firmó el contrato con Impulsora, la Gremial San Martín –que ya había perdido su sede principal y estaban a punto de reatarle todos sus bienes muebles- se quedó literalmente sin ingresos y sin posibilidades de percibir un centavo por parte de la UNC.
Con toda la recaudación cedida, tampoco estaba en condiciones de cumplir con la obligación estatutaria de aportante a la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), entidad de segundo grado ala que está adherida, el 0,5 % de4l aporte de cada afiliado.
Pero fue precisamente a través de la FATUN que la Gremial San Martín logró, otra vez, obtener, recursos económicos.
La modalidad para zafar del compromiso de los acreedores consistió –según una denuncia penal reciente- en transferir parte de su padrón de afiliaos a la FATUN como si esta fuera una entidad gremial de primer grado.
Según denunció Bersey, a partir de noviembre de 2001, la Gremial San Martín dio de baja el código 058 (de seguro de vida) y pidió a la Universidad que dedujera esos montos del código 84/4 perteneciente a la FATUN.
A la vez, mediante un sistema de empadronamiento irregular, volcó casi el 50% de su padrón de afiliados a la FATUN, mediante el código 84/5.
De esta manera, por el vaciamiento del padrón de afiliados, la financiera pasó de los 18 mil pesos mensuales a percibir 7.500.
Más allá del perjuicio denunciado, que será materia de la Justicia, lo cierto es que la Gremial San Martín consiguió nuevamente una fuente de financiamiento, esta vez, a través de los códigos de descuentos reservados para FATUN.
El proceso de traspaso de afiliados de la gremial hacia FATUN fue observado formalmente por la Dirección General de Personal de la UNC, cuando detectó que todas las planillas de inscripción eran llenadas por una misma caligrafía.
Luego esto cambió, pero nunca se inició un sumario interno para investigarlo.
Fuentes judiciales aseguraron que la afiliación direta de trabajadores no docentes a FATUN contradice la ley nacional de Asociaciones Sindicales (23.551)
Esta norma establece que las entidades de primer grado son las que tienen capacidad de afiliar a trabajadores. A modo de excepción, en el artículo 35º, precisa que “las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categorías por ellas representadas en aquellas zonas o empresas en donde no actuare una asociación sindical de primer grado con personaría gremial”.
Según voceros de la Dirección General de Administración de la UNC, en la actualidad existen 751 afiliados a la Gremial San Martín (a quienes se les descuenta la cuota sindical mediante el código 43/0) y 650 adherentes a FATUN (que utiliza el código 84/5).
Como dato vale mencionar que, de la actual Comisión Directiva del gremio, (luego de que la mitad de la conducción abandonara el sindicato por diferencias internas), sólo su titular, Carlos Vallejos, permanece incluido en el padrón de afiliados de la Asociación Gremial San Martín. El resto, según fuentes oficiales, se pasó al padrón de FATUN.
El gremio, fundado el 27 de abril de 1946, recién se afilió a la Federación el 21 de octubre de 1998 (según información del Ministerio de Trabajo), justamente cuando empezaron a conocerse los problemas financieros del sindicato.
Volver a empezar
El mandato de la actual conducción de la Gremial San Martín vence el próximo 4 de enero de 2004. No obstante, procura adelantar las votaciones para este verano.
Oficialmente, ya se convocó para el próximo 27 de diciembre, a las 18:00 a una asamblea en el Hospital Nacional de Clínicas para nominar a la Junta Electoral.
Aparentemente, el motivo para adelantar los comicios es el riesgo concreto de intervención, puesto que renunció más de la mitad de la conducción, y porque los dirigentes que sí continúan en actividad “se pasaron” al padrón de la FATUN.
Esta nueva realidad del padrón dividido plantea otro interrogante concreto: ¿Con qué padrón se convocará a elecciones? ¿Con el de la Gremial San Martín, con el de la Federación, o con ambos?
Actualmente, la Asociación Gremial San Martín funciona en un local alquilado, ubicado en calle Santa Rosa 1323, del barrio de Alberdi, a escasas cuadras del Hospital de Clínicas y de la Maternidad, reconocidos bastiones de la conducción histórica del sindicato.
Al entrar, en el hall de la sede cuelgan en un panel, distintos anuncios para los afiliados. Allí junto a la invitación a los talleres de pintura, a las clases de salsa o a los cursos de electricista, otro papel les avisa a aquellos afiliados interesados en acceder a préstamos personales que pueden retirar las solicitudes allí mismo, del 5 al 15 de cada mes.
Una deuda Externa
Según un escrito que obra en la Dirección General de Contabilidad y Finanzas de la UNC, la deuda de la Gremial San Martín (pesificada y actualizada por el CER) con la financiera Bersey ascendía, al 25 de mayo de 2002 a 727.738,15 pesos.
El documento señala que entre mayo y octubre últimos, se pagaron remesas sucesivas mensuales por un total de 86 mil pesos.
Sin embargo, debido a los mecanismos indexatorios del CER, el saldo de la deuda al 15 de octubre de 2002 es de 736.556 pesos, es decir, 9 mil pesos mayor al que existía hace siete meses.
De esta forma, la deuda se aparece como impagable.
Peso por peso
El mecanismo de cesión de créditos, por el cual se transfiere lo recaudado mediante códigos de descuento de haberes, le permitió a la gremial San Martín apagar el incendio que tenía con sus afiliados y refinanciar sus propias deudas con las firmas acreedoras.
22/05/97: La gremial firma una cesión a favor de la Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Impulsara, por un monto de 1.449.000 pesos. Firman por el Sindicato Carlos Vallejos, Juan Centurión y Omar Zapata.
15/08/97: Se firma un contrato similar a favor de Denier SA y de Dinar SA por un monto de 602.690 pesos, a pagar en cuotas, desde setiembre de 1997 a marzo de 1998. Firman Vallejos y Centurión. El 21 de agosto se notifica el acuerdo al rectorado de la UNC.
19/09/97: cesión de créditos a favor del Banco Industrial de Azul, por un monto de 338.968 pesos, a pagar en cuotas, desde octubre de 1997 a enero de 1999. Firman vallejos y Omar Zapata. Se deja constancia de la cesión Dinar-Denier y del vencimiento de otra cesión con el Banco de Río III Cooperativo Ltdo. Por 31 mil pesos.
22/09/97: El gremio notifica al rector Eduardo Staricco de la primera cesión a Impulsora.
04/09/00: el sindicato le transfiere en forma irrevocable la totalidad de los derechos de retención de haberes por todos los códigos actuales y por crearse. El contrato no precisa monto, sino que será “por el importe necesario para cubrir el importe total”. Firman Vallejos, Leonidas Pérez y Elizabeth Freyre.
08/05/02: Impulsora trasfiere a Bersey SA la cesión de créditos anterior.
Otros: De fuentes sindicales se conoció que existen otros reclamos de cobro, por parte de comercios tales como Adidas Center, Saturno Hogar, Majul y Carnicerías Cirami.
DE LA DIRECCION DEL GREMIO, AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Carlos Rafael Vallejos, el titular de la gremial no docente
de Córdoba será juzgado por defraudación
C
arlos Rafael Vallejos asumió la conducción del sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba en 1984, y desde entonces siempre participó en la dirección del gremio. Entre tanto, este abogado de 45 años fue diputado provincial por el Justicialismo (1991-1994), aunque su paso por la Legislatura no reportó proyectos de especial significación.
Por su actividad gremial, su nombre encabezó numerosas presentaciones judiciales por parte de quienes se sintieron afectados patrimonial o penalmente por su actuación. De ellas, sin duda, de la mayor envergadura es la conocida como el “caso medicina”, un affaire económico por el que será juzgado en los tribunales federales de Córdoba.
El sindicalista fue procesado por defraudar a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en más de 200 mil pesos, y de allí que, al imputarlo del delito de “defraudación agravada a la administración pública” la justicia decidiera trabarle embargo hasta cubrir esa abultada suma.
En el caso, también fue imputado el ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Carlos María Onetti.
Según la acusación, a mediados de 1996, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas le concedieron a la asociación gremial no docente dirigida por Vallejos, una suma de 217 mil pesos, para asignarlo a la realización de cursos de capacitación para los agentes universitarios y para la adquisición de libros para alfabetización.
Sin embargo, cuando tres meses después se le requirió a Vallejos que informara sobre el modo en que se habían invertido las sumas otorgadas, la gremial presentó una rendición de cuentas con una documentación que respaldaba gastos por 115 mil pesos. La situación se agravó más aún, cuando la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la UNC sólo consideró aceptable la justificación de 61.800 pesos.
Jorge Fushimi, titular de esa dirección no admitió el resto de la justificación “por no ser acorde el gasto con la finalidad para la cual había sido entregado el dinero, como por ejemplo la realización de ágapes, ó bien porque se trataba de gastos operativos de la entidad gremial, como lo son los gastos en pasajes aéreos”, según recuerdan las resoluciones de la Justicia Federal de Córdoba.
En junio de 2002, la causa fue elevada a juicio y aguarda la sustanciación del proceso en un tribunal oral.
La denunciante
El llamado “caso medicina”, vale recordar, tomó impulso con la denuncia que formuló una empleada no docente, Norma Andrea Valdivieso, quien se quejó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por la no realización de los cursos de capacitación.
“Yo estaba desafiliada, y cuando comencé a hacer las denuncias, me tuve que afiliar porque de otro modo, no se pueden pedir informes. Y en el sindicato no me querían afiliar, entonces tuve que ir al Ministerio de Trabajo para pedir por carta documento que me afiliaran”, contó.
La mujer realizó luego otra denuncia ante la Defensoría el Pueblo de la Nación en una presentación que sirvió de base para la tramitación de la causa federal.
Valdivieso, quien tiene no menos de 15 denuncias administrativas contra Vallejos y contra el Sindicato, reveló también que, en el marco de todos estos supuestos desmanejos, el titular de la Gremial San Martín había sido ascendido de categoría y afectado a la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas.
En efecto, según la resolución 512, del 29 de mayo de 2000 firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Pedro Caracho Cornet, Carlos Rafael Vallejos junto a otros seis agentes de la planta permanente (algunos de los cuales también estaban en la conducción de la Gremial San Martín) fueron afectados a esa área de la dependencia.
Valdivieso denunció que la designación implicó un “reencasillamiento” (un ascenso, en la jerga no docente), lo que quedó patentizado con otra resolución posterior de Saracho Cornet, del 5 de diciembre de ese año, por la que se ordenó el pago de 5.796,45 pesos a Carlos Rafael Vallejos, identificado con el número de agente 19.186.
Por aquellos días en que fue ascendido, el gremio conducido por Vallejos no solo había perdido su sede en un remate, y sus bienes muebles en otra subasta, sino que la Justicia Federal estaba en plena instrucción la denuncia por defraudación a la UNC contra el dirigente.
Los disidentes
A principios de 2002, por diferencias internas, la mitad de la conducción de la gremial San Martín renunció a sus cargos.
Según confirmó Leónidas Pérez, ex secretario de organización del sindicato, el éxodo se originó cuando conocieron, en una visita informal a la FATUN, que la entidad de segundo grado había hecho aportes económicos a la gremial San Martín por 42 mil pesos, de la que no estaba al tanto. Ello implicó el alejamiento, además de Pérez del Secretario Adjunto, del subsecretario de organización, de los secretarios de finanzas, de previsión social y administrativo, entre otros.
“Renunciamos por los malos manejos. Nos enteramos de los envíos de dinero por una abogada y pedimos una reunión de Comisión Directiva y no nos la dieron. Se la pedimos después por Carta Documento, y no la contestaron. Entonces, decidimos irnos. Es mejor renunciar que quedar pegados, pensamos”, señaló.
“Luego, con todas las denuncias que fuimos recogiendo de los compañeros más las notas de Norma Valdivieso, en octubre de 2002 iniciamos un expediente en el Ministerio de Trabajo denunciando allí la malversación de fondos, la mala administración, el procesamiento en la Justicia Federal, la renuncia del 50 % de la comisión directiva, los juicios de las compañías financieras, etc.”, relató.
El expediente del Ministerio de Trabajo (Nº 120/121/061882/02) está en estudio. Paralelamente, los renunciantes acudieron a los tribunales y solicitaron la unificación de todas las causas contra la gremial San Martín y Carlos Vallejos, que existen en la Justicia Provincial.
Este grupo de sindicalistas anticipó que impugnará la convocatoria de asambleas para constituir junta electoral que lanzó el gremio, y que insistirán en que se realice una auditoría.
“Hace tres años que no se hace memoria y balance. Por eso hemos pedido al Ministerio de Trabajo que mande una auditoría”, apuntó Leónidas Pérez.
Los disidentes han coincidido en el llamado Movimiento de Unidad No Docente (MUN), que en noviembre lanzó un boletín denunciando las irregularidades.
No respondemos
No fue posible conocer la posición oficial de la conducción del sindicato no docente. Al visitar la nueva sede del gremio, los dirigentes Néstor Sabadías (Sub secretario administrativo) y Elida Viviana Salazar (cultura) informaron que Carlos Vallejos estaba en Buenos Aires y que es el único autorizado a brindar cualquier información. Seguidamente, rechazaron la posibilidad de “molestar” al directivo durante los fines de semana, que es cuando regresa a Córdoba, según dijeron.
Los gremialistas evitaron responder las acusaciones formuladas por su ex compañero de conducción, con el argumento de que “el gremio tiene por norma no responder a ningún volante“ (panfleto).
El papel de la Universidad
N
o son pocas las preguntas que surgen en cuanto al rol que cumplió o pudo haber cumplido la Universidad Nacional de Córdoba, como órgano empleador de los trabajadores no docentes, para impedir o evitar que se vaciara patrimonialmente a la Gremial San Martín, o para que al menos, sus dependientes no resultaran directamente perjudicados por los desmanejos de la conducción gremial.
¿Cómo se notificó calladamente de que el sindicato estaba realizando cesiones de créditos en forma consecutiva por montos exorbitantes imposibles de afrontar?
¿Pudo haber hecho algo para que los montos que debitaba de los haberes de sus empleados por créditos o de compras fueran realmente al acreedor y no a un gremio que luego no entregaba el dinero?
¿Estaba entre sus atribuciones intervenir al ver que el código de embargos judiciales crecía vertiginosamente por la falta de pago de las deudas, según confió una fuente de esa área administrativa?
¿No advirtió que se estaban transfiriendo a la FATUN, casi la mitad de los afiliados de la Gremial San Martín?
Según funcionarios de la Dirección General de Administración de la UNC que pidieron la reserva de su nombre “cuando se hicieron las cesiones de crédito la Universidad cerró los ojos a lo que pasaba ante sí y decidió no intervenir”.
En cierta forma, el actual rector de la Universidad Jorge González heredó una situación ya creada, ya que en su gestión sólo se produjo el volcamiento del padrón a la FATUN, y los resortes de la Dirección de Administración alertaron que las fichas de afiliación eran llenadas por una sola persona.
Pese al intento, no fue posible, por razones de agenda del funcionario, concretar una entrevista con el rector González.
No obstante , desde la UNC, se indicó que al haber habilitado el Ministerio de Economía de la Nación un código de descuento de FATUN, no está en las autoridades locales la posibilidad de rechazarlo.
